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MANIFIESTO 22 OCTUBRE 2014
Hoy nos hemos concentrado en torno al Pignatelli, sede de la
Diputación General
de
Aragón, máximo órgano de gobierno de esta
Comunidad, para denunciar la política educativa del
Gobierno de
Aragón y de la Consejería de Educación a cuyo frente se encuentra Dolores Serrat.
Esta política está
desmantelando la Educación Pública Aragonesa, a la vez que favorece los
intereses de empresas privadas que buscan el beneficio en lo educativo.
Esta denuncia se basa en los siguientes hechos:
Porque con un recorte de 111 millones de euros
del
Presupuesto en inversión en educación no universitaria, no es posible garantizar la igualdad de oportunidades.
Porque este recorte se ha producido en la Enseñanza Pública. Mientras en ésta se han recortado
108 millones, en la Enseñanza Concertada sólo se han recortado 3 millones de euros.
Porque hoy la Educación obligatoria y postobligatoria tiene un coste insoportable. Para muchas
familias el uso del comedor o la compra del material escolar es imposible.
La educación obligatoria hoy
no es gratuita.
Porque el sistema de becas
impuesto por este Gobierno contempla unos
requisitos
tan
injustos
y antisociales que deja fuera a muchas familias
que las necesitan.
Porque el derecho de las familias
a elegir centro, no debe ser nunca la excusa para cerrar aulas o
para no llevar
a cabo la creación de centros públicos
en
el marco de una planificación educativa
coherente.
Porque en la Educación Pública se ha incrementado el
número de alumnos por aula,
se han suprimidos
apoyos, desdobles, programas de
compensación educativa, etc. que han afectado
al
conjunto del alumnado,
pero
especialmente a los más necesitados
de
apoyo educativo, de
tal
modo que el sistema educativo aragonés ha perdido en equidad y calidad educativa, máxime cuando la mayor
parte del alumnado inmigrante y
de
minorías étnicas se atiende desde la Educación
Pública.
Porque el recorte en el empleo
ha afectado a 2000 profesores. El mayor ERE realizado en
ARAGÓN
Porque se ha precarizado el empleo y las condiciones laborales del
profesorado, con una interinidad insoportable para los trabajadores y para los centros educativos.
Porque más del 30% de los docentes de Aragón son interinos, y muchos de ellos con jornadas laborales inferiores a 8 horas semanales.
Porque el recorte de las partidas de gastos en los presupuestos de educación han reducido en
infantil y primaria un 12.1% el gasto de personal y un 32.4% el de funcionamiento de centros públicos,
mientras la
asignación a la concertada
se redujo tan
sólo en un
1.5% en 3 años.
Y en
Educación Secundaria, en la pública se ha reducido
el gasto de personal en un 14.4%
y el de funcionamiento
de centros en
un
28.1%.
En la concertada la reducción ha sido del 1.1%
en el mismo periodo.
Porque la falta de planificación y de inversión en la construcción de centros escolares deja sin
colegio a muchos niños y niñas, obligándoles a desplazarse fuera de sus barrios.
Porque se han
cerrado muchas aulas de 3 años en centros públicos, a la vez que se sigue
potenciando
la concertación de estas enseñanzas en claro detrimento
de
la Escuela Pública.
En este periodo ha habido 220 supresiones de aulas, en centros públicos de infantil y primaria en Aragón, siendo sólo 2 en centros concertados.
Porque se ha implantado un modelo de bilingüismo propagandístico, que
sólo
es fachada, ya que sin recursos y
sin apoyo a los centros, ya se está viendo el fracaso del modelo.
Porque estas medidas, que tan duramente han perjudicado al sistema educativo público, han sido diseñadas de forma que afecten mucho menos o incluso beneficien al sistema privado concertado,
lo que lleva a una consolidación y aumento de sus privilegios (o de su implantación) basados en el favoritismo administrativo y
en la insolidaridad social en la mayoría de sus centros.
Porque faltan plazas de FP para la necesaria cualificación de los aragoneses y aragonesas y cuando más necesaria es esta cualificación, se ha implantado una tasa de 245€ para la matrícula en los grados superiores de FP, dificultando el acceso de muchos jóvenes a estas enseñanzas.
Porque se ha
abandonado a
la Escuela Rural a su suerte, cerrando colegios
por falta de apoyo y compromiso del
Departamento de Educación, sólo el curso pasado cerraron 10 pueblos su escuela.
Además, la supresión de
rutas escolares, impidiendo el acceso a una educación pública y gratuita, hace
que
las familias se vean obligadas a salir de sus pueblos.
Porque en los últimos tres cursos, en la Universidad de Zaragoza, ha habido una disminución de más de 1.200 alumnos,
producto de la subida de tasas universitarias, encareciendo un 15% los grados
y
endureciendo los requisitos académicos y
económicos de las becas.
Porque en este mismo periodo, la Universidad de Zaragoza ha visto congelados los recursos que aporta la DGA para su actividad
ordinaria, llevando hasta cero la inversión
en nuevas infraestructuras.
Porque, en contra de toda la sociedad, del
necesario consenso, se ha implantado en este curso la
LOMCE, la ley “antisocial”.
Porque un sistema educativo debe ser social, de calidad, para todos, que
propicie la equidad, la participación y
que corresponsabilice a toda la sociedad, que promueva la inversión
en educación. Y esta Ley
va en contra de todo esto.
Porque hoy, con la LOMCE, el profesorado, los padres y madres y los alumnos ya no cuentan en las
decisiones de los centros educativos.
Han pasado de ser actores a simples espectadores.
No obstante que nadie dude que toda la comunidad educativa, profesionales, familias
y estudiantes estamos orgullosos de
pertenecer y mantener
una
Educación
de todos y
para todos que no discrimine por ninguna razón, que favorezca
la educación común,
que enseñe convivencia y persiga el
desarrollo integral de todos y de todas.
La Comunidad Educativa, exigimos al
Gobierno de
Aragón:
Que recupere en los presupuestos de 2015 el nivel de inversión en educación que
ha ido recortando en estos años. Lo que supone un incremento de, al menos, el 15,1 %
respecto
a los
presupuestos de 2014.
Que escuche a la sociedad, a los trabajadores de la enseñanza, a las familias y que elimine la
LOMCE.
Que cambie su
política educativa elitista y excluyente, por
una política educativa social, laica,
inclusiva, que restablezca la equidad.
No puede haber conciertos si no son necesarios y no van
acompañados de un
compromiso social.
Que se diseñe un plan de intervención urgente para aquellos centros públicos “en desventaja”
que están
perdiendo o han perdido el atractivo social necesario en las zonas donde están implantados.
Que, por todo lo anteriormente expuesto, se produzcan de inmediato las dimisiones de la
Consejera de Educación y de todo su equipo,
por
esta política de desmantelamiento de la Escuela Pública.
POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA
Y DE CALIDAD DE
TODOS Y PARA TODOS.
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